La columna de Horacio Lachman
La Asamblea Legislativa del 1 de marzo y la convocatoria del Poder Ejecutivo a Córdoba para el próximo 25 de mayo para arribar a grandes consensos nacionales apuntaron a superar las graves tensiones políticas que se acumularon en febrero, cuando el conflicto entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales parecía a punto de desbordar todos los canales institucionales.
Diálogo y diferencias
Promover el diálogo sin duda es una intención loable. Dio lugar a una adhesión inmediata de numerosos mandatarios provinciales y al apoyo entusiasta de las grandes centrales del empresariado nacional, actores fundamentales en un escenario donde las actitudes amenazaban poner en peligro la actividad productiva.
Sin embargo, las diferencias de fondo que desataron los conflictos continúan vigentes. Por una parte, el denso y enmarañado complejo normativo del DNU 70, primer pilar de la política del gobierno nacional, parecía a fines de febrero en camino de ser rechazado. Las autoridades de ambas cámaras legislativas – que expresan al oficialismo – habían apelado a distintos procedimientos para postergar su tratamiento, pero ya parecía inexorable que el decreto llegaría a los recintos y el poroteo parecían anticipar que sería rechazado.
En cuanto a la aún más trascendental “Ley de Bases…”, fue desmembrada para su aprobación en general y luego dio paso a recortarse en una discusión artículo por artículo, que llevó al Poder Ejecutivo (PEN) a retirar el proyecto.
Discurso
Sin embargo, el discurso presidencial de la Asamblea Legislativa planteó el encuentro del 25 de Mayo tiene como requisito la aprobación, sin restricciones, del DNU y la Ley Omnibus. Para hacerlo posible se convocará en breve a la Casa Rosada a los gobernadores, donde el jefe de gabinete y el ministro de economía, no el presidente, deberán negociar un preacuerdo. Se ofrecerá a cambio medidas de alivio fiscal.que moderen el impacto de las decisiones tomadas por el propio gobierno nacional en estos días y que dejarán financieramente ahogadas a las provincias.
En este sentido el senador nacional José Luis Espert, que está jugando un papel fundamental como representante del oficialismo en este frente, planteó crudamente el tema: “hay que ver cuánta plata necesitan los gobernadores para levantar la manito”.
Por otra parte, la convocatoria al Pacto del 25 de mayo está planteada para “acordar” 10 políticas de Estado planteadas por el PEN. No se trata, de ninguna manera, de un evento llamado para discutir cuáles deberían ser las Políticas de Estado fundacionales que requiere hoy el país: Lejos de ello, se trata de un encuentro donde las partes se reúnen básicamente para dar su adhesión a postulados del gobierno.
Puede advertirse que varios de los gobernadores que apoyaron la iniciativa oficial dejaron planteados sin embargo, que consideran que, un compromiso como el propuesto, debería incluir otros temas, como la definición de un plan productivo o de obras públicas de envergadura, temas ausentes en el decálogo sometido a consideración general, que descartan un papel del Estado en el desarrollo productivo.
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