Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), escribió este artículo que reproducimos a continuación y que forma parte de la revista Todo Riesgo de marzo. En esta nota expresa cuáles son las expectativas de la institución para el año 2022.
Historia del sistema
2021 fue el año del 25º aniversario de un sistema que se consolidó como una necesidad de cobertura y un aspiracional para los trabajadores que aún no cuentan con ella. Es que, evidentemente, no pasan inadvertidos, para la población trabajadora y empleadora, los beneficios de una cobertura especializada en prevención y atención de patologías y accidentes laborales activa 24 x 7, inmediata, integral, sin copagos y de por vida.
Estos 25 años sentaron las bases de un sistema en evolución constante, que acompañó los cambios y las modalidades que la modernidad fue imponiendo a la realidad laboral. Y esto no solo en cuestiones de asesoría en prevención, sino en las formas de atención y servicio, en lo administrativo y asistencial, así como también en los montos indemnizatorios. Los resultados están a la vista de todos: 14 mil vidas salvadas por disminución de los accidentes fatales y un promedio anual de 5 millones de diversas prestaciones asistenciales. Un servicio que se convirtió en aspiracional para el que no lo tiene y que conserva un alto valor percibido entre los que están bajo cobertura.
Pandemia
Esta versatilidad se vio claramente en el contexto pandémico, cuando las ART sumaron a sus funciones y responsabilidades habituales el requerimiento de brindar cobertura a una enfermedad nueva y desconocida, no prevista, imposible de mensurar y ajena al sistema de los riesgos laborales. El acceso a la cobertura del COVID-19 partió de la presunción de laboralidad, sin posibilidad de rechazo. La respuesta de las ART fue rápida y eficiente y contribuyó a paliar la emergencia sanitaria en que se vio envuelto nuestro país. Sin embargo, no estuvo exenta de importantes consecuencias.
Así fueron atendidas, hasta el 28 de enero de 2022, 501.785 personas afectadas con esa patología, en paralelo con las enfermedades y los accidentes de origen laboral. Además, se confeccionaron protocolos sectoriales y se asesoró a empresas en prevención. De hecho, en el citado período se brindaron más 30 millones de atenciones, asesoramientos y capacitaciones virtuales.
Financiamiento
Y precisamente en esta línea, 2022 presenta enormes desafíos a superar vinculados con una doble mochila: a) la resolución del financiamiento de la cobertura de casos de COVID-19; y b) una litigiosidad que, luego de la reforma de 2017 y la caída de demandas observada en 2018 y 2019, vuelve a mostrar desde 2020 una curva ascendente.
En relación con el primer punto, la cobertura de casos de COVID-19 adquirió una dimensión que agotó el Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales (FFEP), del cual estaba previsto que las ART recuperaran los adelantos de los pagos que implicó el servicio. Los fondos destinados a cubrir los costos de la pandemia fueron muy insuficientes dada la dimensión y duración de la cobertura.
Fideicomiso del FFEP
Los paliativos que se fueron estableciendo para recapitalizar el FFEP implican un largo plazo para su recomposición con un gran impacto económico y financiero para las ART que operan en el mercado. Se estima, al cierre de diciembre de 2021, que la afectación a pagos por el COVID-19 estuvo en el orden del 15 % del total recaudado y puede resultar que ese valor se duplique en los próximos meses dado el contexto de incertidumbre imperante. Es de destacar que, comparada con la de otros países, la cobertura del COVID-19 por las ART en la Argentina, puesta en marcha a partir de diferentes decretos de necesidad y urgencia de manera extraordinaria, fue la más larga en el tiempo, la más abarcativa en cuanto a los trabajadores alcanzados y la más integral por el tipo de prestaciones médicas y dinerarias.
Por esta razón, el decreto 79/2022, publicado el viernes 18 de febrero, habilitó al FFEP a realizar un contrato de fideicomiso o a tomar un préstamo para hacer frente a la cobertura del COVID-19. Se motiva en que el FFEP resultó ampliamente deficitario y, además, quedan importantes compromisos por cubrir, para los cuales se prevé la contratación de un agente fiduciario debido a que el FFEP tendrá un mayor volumen y complejidad en su operatoria y requiere un agente profesional para su manejo.
Naturalmente, la respuesta a las necesidades sanitarias de los trabajadores contagiados se brindó atendiendo la cobertura de las contingencias laborales que habitualmente se da a la población trabajadora en general. Esta compleja situación derivó en que las ART estén afrontando el exceso que demandó la cobertura con fondos propios y estén desarmando inversiones en un momento adverso para esa operatoria, afrontando las consecuencias propias de un exceso de demanda de liquidez por razones de la cobertura extra.
Litigiosidad
El segundo punto atañe a la litigiosidad que retoma su curva ascendente. Después del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto en 2020 y que funcionó como una suerte de dique para el ingreso de nuevas demandas, con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el retorno a la “nueva normalidad” las causas delinearon una curva en expansión. Comparado con 2020, en 2021, los juicios crecieron un 78 %.
Esta problemática está estrechamente vinculada con la asignatura aún pendiente de conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, prevista por la ley 27.348/2017, en el ámbito de la Justicia de las provincias adheridas y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los desvíos del baremo y las disparatadas sentencias, luego corregidas muchas veces por el más alto tribunal, ratifican la necesidad de avanzar en su constitución para jerarquizar la labor de los peritos a través del concurso de antecedentes y la carrera profesional dentro de la Justicia con honorarios establecidos por acto médico y no como porcentaje del monto de la sentencia como hoy sucede, alentando así la litigiosidad y el fraude.
Desafíos
Mientras estos dos grandes factores, stock judicial y financiamiento del COVID-19 no se encuentren despejados, el sistema de riesgos de trabajo se encuentra expuesto a una pesada carga que pone en riesgo su sustentabilidad. Allí están sus mayores desafíos.
Por ello, el sector interpreta que la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la resolución 30/2022, hizo una correcta lectura del escenario en que hoy opera el sistema. La suspensión por 180 días de las autorizaciones a nuevas entidades que soliciten operar en el ramo riesgos del trabajo por parte del organismo regulador del sector es una medida congruente con la excepcionalidad y el impacto que generó la irrupción del COVID-19 en el sistema de riesgos del trabajo. En la norma se prevé que es una medida temporal y excepcional mientras se resuelve la “mochila” generada por el COVID-19 a fin de preservar la atención y la cobertura de 10 millones de trabajadores y de casi un millón de empleadores. Nuevas empresas, sin ese gran peso a cuestas, obtendrían ventajas competitivas determinantes en perjuicio del sistema en general, distorsionando aun más el frágil equilibrio que con el esfuerzo de todos (empleadores, trabajadores, las ART y el Estado) se está sosteniendo con el fin de garantizar el servicio.
Contexto económico nacional
Para finalizar, no puede eludirse la caída en términos reales de la facturación de las ART debido, en parte, al marco económico general del país. En el período abril de 2021 versus abril de 2020, el aumento nominal no llega al 30 % ya que su importe y devengamiento dependen de tres factores:
1) La cantidad de trabajadores registrados en relación de dependencia hoy con cierto grado de recuperación, pero a ritmo lento de la mano de la actividad económica.
2) Los salarios declarados que, si bien en estos últimos meses evidenciaron un recupero en paritarias, vienen con rezago.
3) La alícuota que fijan las ART sobre la masa salarial, cuya disminución dentro de un mercado marcadamente competitivo es un proceso ya constante (de un 3,46 % promedio sobre la masa salarial en 2015, pasando a un 2,63 % en abril de 2020, a un 2,51 % en abril de 2021 y a un 2,47 % a diciembre de 2021).
En suma, el camino parece plagado de importantes cuestiones a debatir y resolver, pero resguardando y conservando lo conseguido. Una vez más, la búsqueda de consensos será determinante para avanzar por otros 25 años más.
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