Para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), 2017 fue un año de importantes avances: “Gremialismo, empresas, el Estado y los legisladores gestaron el acuerdo para la reforma de la Ley de ART. Progresivamente, fueron adhiriendo a la Ley diez provincias que concentraban el 85% de los juicios totales. Las primeras cifras en baja de juicios ingresados ya son visibles. En el año se produjo importante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldando las fórmulas indemnizatorias, así como los primeros pronunciamientos del fiscal y de algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) a favor del nuevo procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas (CCMM)”.
En este sentido, la UART y las ART que la conforman realizaron un estudio sobre 83.500 juicios por riesgos del trabajo con Pericia Médica Oficial (PMO). Del mismo surge que en los dictámenes periciales se produce un desvío en la aplicación del Baremo de 17,5 puntos en la valuación de las incapacidades resultantes de un accidente o enfermedad laboral. Cada punto de discapacidad hoy representa 22.750 pesos. Si a esa dispersión se le suma un 35% por intermediación judicial, la eventual transformación de esos casos en sentencia implicaría multiplicar por siete los costos previstos en la Ley para estos pasivos, según la UART. Hoy disponen de pericia el 33% de los juicios en stock: aplicando estos parámetros a los 340 mil juicios abiertos, su valuación alcanzaría a 10.600 millones de dólares.
“Dichas pericias se establecieron en un marco en el que los honorarios de los peritos estaban atados al resultado de las sentencias y en el que la discrecionalidad fue la regla, tanto sea por la ausencia de una tabla de valuación de las incapacidades y por la falta de un organismo especializado de control, como por la carencia impuesta de peritos de parte en muchas de las jurisdicciones del país”, señaló la UART.
Para las aseguradoras, la solución es “conformar los Cuerpos Médicos Periciales, tal como está previsto en la Ley. Es necesario que la Justicia ponga en marcha lo previsto en el artículo 2 in fine de la Ley 27.348, que es la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses o de los Cuerpos Periciales. La constitución de los mismos y la adecuada utilización del Baremo son condiciones críticas para tornar cierto el costo y la administración del stock de 340 mil juicios, como así también para brindar certidumbre en aquellos casos post Ley 27.348 que, habiendo transitado el paso por la CCMM, decidan apelar a la Justicia. La no constitución de los Cuerpos Médicos Periciales, significa continuar con la histórica discrecionalidad de la que gozan los peritos en la valuación de las incapacidades”.
“A 12 meses de la reforma, la conformación del Cuerpo Médico Forense (CMF) resulta impostergable. La presencia de un órgano especializado que realice las pericias médicas o revise los porcentajes periciales fijados en un marco disfuncional y que garantice una correcta valuación pericial en el ámbito judicial no es solo una previsión legal, sino que integra la columna vertebral de la reforma”, destacaron desde la UART.
La Unión concluyó que “somos muchos los que estamos trabajando para que este sistema funcione acorde a lo previsto en las normas a fin de dar respuesta a empleadores y trabajadores, como sucede en cualquier país previsible. Cada cual en su rol, pero todos con el mismo objetivo. Así, el empleo registrado, la protección de los trabajadores y la previsibilidad tanto para empleadores como para aseguradores, garantizarán un sistema que pueda seguir brindando respuesta y atención de calidad, agregando valor al tejido productivo”.
