Nota escrita por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
El año que termina nos deja para el sistema de riesgos del trabajo un panorama dual. Por un lado, se mantienen los índices y estándares de cobertura y las acciones de prevención, servicios y prestaciones. Por el otro, sin embargo, no termina de cerrarse el peligroso capítulo de la litigiosidad, que en 2018 parecía haber entrado en cauce de resolución.
Gestión
Respecto de los datos de gestión, 2019 encontró a las aseguradoras cubriendo a casi 10 millones de trabajadores que se desempeñan en un millón de empresas. En este complejo y diverso universo, las acciones de prevención permitieron seguir disminuyendo la cantidad de siniestros. De hecho, los fallecimientos, desde el inicio del sistema, bajaron un 76% al considerar aquellos ocurridos en el lugar del trabajo y un 71% si se consideran los accidentes in itinere. Esto va más allá de ser un simple porcentaje de gestión y no es un dato menor. Significa 13 mil vidas salvadas en este período por la acción combinada de los empleadores, los trabajadores, los aseguradores y el Estado.
Cabe agregar que el sistema argentino en comparación con otros semejantes, como el de Chile o el de España, ofrece mayores resarcimientos. Reconoce el pago del 100% del salario durante las incapacidades laborales temporarias, mientras que en España sólo se cubre el 75%. Asimismo, ese país indemniza sólo incapacidades superiores al 33% y Chile al 15%; mientras que aquí la cobertura es total, sin exclusiones de ningún tipo. A pesar de contar con estos claros beneficios, el índice de litigiosidad en nuestro país supera ampliamente a los otros dos. Este dato debería llevarnos a la reflexión de la incongruencia de que coberturas más amplias traigan aparejadas más demandas.
Juicios
En tal sentido, en cuanto a nuevos reclamos judiciales, 2019 comenzó con buenas expectativas. En 2017 se alcanzó la friolera de 130 mil. La sanción de la nueva ley permitió reducir ese número a 80 mil en 2018. Y se esperaba que esa tendencia descendente se mantuviera. Pero lamentablemente hacia mitad de año empezó a hacerse más visible una reversión que, con el correr de los meses, se fue consolidando en algunas provincias.
En noviembre de 2019 se notificaron a las ART 6.421 juicios acumulando 62.132 nuevos juicios en el año, lo que representa un aumento del 6,1% contra noviembre de 2018 (6.054 juicios) y una caída de sólo el 17% en cuanto al acumulado de los primeros once meses de 2018 (74.878 juicios); cifras que marcan un claro cambio de la tendencia a la disminución de la litigiosidad. En efecto, en septiembre se incrementó un 11% y en octubre, un 4%. El estimado de diciembre también confirmaría el movimiento al alza.
En los primeros once meses de 2019 se acumularon 62.132 nuevos juicios, un número sumamente elevado. El estimado para diciembre llevaría esta cifra a 68 mil. Los datos expuestos nos alertan respecto de una clara reversión: las demandas encontraron su piso en junio, período a partir del cual comenzaron a repuntar.
Solución
Este dato contundente refuerza claramente la necesidad de completar el cumplimiento de lo previsto en la Ley Nº 27.348 a través de la constitución inmediata de los cuerpos médicos forenses (CMF) en cada una de las justicias de las quince provincias adheridas a la ley. Este eslabón faltante, previsto en la reforma para consolidar el camino recorrido de la baja de la litigiosidad, reabre la puerta al retorno de la litigiosidad exacerbada. La no constitución de los CMF implica que el mecanismo pericial continúa con honorarios acoplados a los montos de las sentencias (contundente incentivo a sobreestimar daños) y sin la utilización o una utilización incorrecta del baremo (la tabla de porcentajes de incapacidades). Esta dilación constituye una vía directa al incremento de la litigiosidad. Permite no sólo el crecimiento del número de demandas, sino también el aumento de su costo. También resulta llamativo que el valor de los juicios ingresados siga siendo elevado, tanto en comparación con períodos anteriores a la escalada de juicios como en relación con las incapacidades permanentes. Además, afecta la valuación de juicios en stock, agravando el pasivo contingente de juicios del sistema.
La problemática se encuentra, a su vez, exacerbada por la aplicación de diferentes versiones de la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina (hoy en el 60% anual), a la cual se ajustan como piso la mayoría de los juicios. Tal desproporcionado sobrecosto atenta contra la vida del sistema porque lo desfinancia. No hay prima ni rendimientos de inversión posibles para financiar tal desfase.
Conclusión
Asistimos una vez más a un fenómeno en el cual la tarea de prevención disminuye el número de fallecidos y de siniestros, las prestaciones se incrementan y mejoran y, sin embargo, la litigiosidad paradojalmente crece. Los números expuestos llevan a reflexionar respecto de lo que la dilación en la creación de los CMF genera para el sistema, colocándolo en un peligroso escenario de desfinanciamiento evitable. El impacto es enorme en la economía de un país que necesita dejar de encontrar obstáculos subsanables para impulsar su crecimiento.
