El gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Fernando Pérez, mantuvo un encuentro con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para fortalecer el diálogo entre Nación y provincia, y avanzar en la modernización del sistema de riesgos del trabajo.
Agenda
Durante la reunión -de la que participaron también el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls- se abrió formalmente el proceso de análisis para la adhesión de Tucumán a la ley 27.348, normativa complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo. El gobernador expresó su apoyo a avanzar en esta evaluación, con el objetivo de que la decisión represente beneficios concretos tanto para la provincia en general como para los trabajadores tucumanos en particular.
Actualmente, Tucumán forma parte del grupo de seis únicas jurisdicciones del país que aún no adhirieron a este sistema. La ley ya rige en 18 provincias y establece a las comisiones médicas de la SRT como instancia administrativa previa y obligatoria para la determinación del daño y el acceso a las prestaciones por accidentes y enfermedades laborales.
Sistema
Las autoridades coincidieron en que la adhesión permitiría mejorar la operatividad del sistema y dotar de mayor previsibilidad y coherencia los procesos vinculados a riesgos laborales, además de contribuir a reducir la litigiosidad, ordenar los trámites y fortalecer la estructura administrativa provincial.
En ese sentido, el gerente general destacó que, en otras provincias, la aplicación de esta normativa permitió frenar la industria del juicio y agilizar la resolución de conflictos, priorizando soluciones más rápidas y eficientes para los trabajadores.
SRT
“La SRT mantiene una política activa de acompañamiento técnico y operativo a la provincia, orientada a consolidar un sistema de prevención y reparación más moderno, eficiente y alineado con los lineamientos nacionales”, señalaron en el organismo.
“Desde la sanción de la ley 27.348, las comisiones médicas gestionaron más de un 1,2 millones de trámites con disposición, homologaron el 99% de las gestiones por valoración de daño, 87% por determinación de incapacidad y 81% por divergencia en la determinación de incapacidad, a la vez que los tiempos medios de resolución están en el orden de los 55 días a partir del turno de audiencia médica”, destacaron.
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