Todo Riesgo dialogó con Jorge Furlan, presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA).
¿Qué evolución tuvo hasta el momento el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO)?
La evolución de la exigibilidad realmente fue escasa. Hubo una primera etapa en la que las distintas jurisdicciones se ocuparon de cumplir con la legislación que establecía la obligatoriedad y con toda aquella norma complementaria que pudiera llevar a cabo la exigibilidad. Luego se entró en una etapa en la que la exigibilidad del SAO quedó anestesiada. En algunos casos no hubo explicación, como en Salta, Catamarca, San Luis y Córdoba. En otros casos hubo alguna imposibilidad, como en Tucumán, expresada por el secretario de Ambiente de esa provincia, quien dijo que él no tenía infraestructura necesaria para implementar todo lo necesario, que tenía que ver con los requerimientos: seguimiento de la póliza, vencimientos, archivos, etc. Y en otros casos, como en la provincia de Santa Fe, se prorrogó seis veces la entrada en vigencia de la norma con argumentos que no se ajustaban a la verdad. Ahora hay un nuevo intento para que se vuelva a diferir el cumplimiento de esta obligación con hechos que realmente llaman la atención. Un grupo de vecinos, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, hizo un mapa de riesgo de contaminación ambiental de la zona del Gran Rosario y hubo 157 denuncias por situaciones graves de contaminación. Sin embargo, se está planteando diferir la puesta en marcha de la exigibilidad cuando podría ser una rueda de auxilio muy importante para la comunidad de la provincia de Santa Fe. Un caso similar es el de la provincia de Córdoba: el 28 de marzo pasado hubo una inundación y un derrame de material contaminado al cauce de Los Molinos como consecuencia del accionar de una empresa de Córdoba. Ese cauce provee agua a la empresa de aguas cordobesa, que, a su vez, le brinda servicio a un 30% de la población de esa provincia. Aun con todos estos hechos que son realmente llamativos y alarmantes, las jurisdicciones provinciales no propiciaron una evolución favorable para el desarrollo del SAO.
¿Hubo alguna normativa importante que se haya dictado recientemente sobre el SAO?
Yo señalaría dos: en primer lugar, la resolución 256/16, que modificó una resolución anterior de la ex Secretaría de Ambiente y que flexibilizó a las aseguradoras la posibilidad de obtener el certificado ambiental que otorga el Ministerio para poder suscribir pólizas. Creo que esa fue una norma importante. En segundo lugar, el 8 de junio último se ajustó el factor de correlación, el factor de ajuste que prevé la fórmula polinómica y que determina el monto mínimo de entidad suficiente (el capital asegurado). Una norma del año 2013 decía que había que ajustarlo anualmente. Esto no se venía haciendo desde aquel entonces. El factor, que era de 800 pesos, se llevó a 1.200 pesos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que al estar desactualizado, el monto del capital exigido después no alcanza para cubrir el monto máximo de una reparación. El ajuste trata de poner un poco en orden este aspecto. Yo señalaría esas dos normativas como importantes.
¿Cómo evalúa la gestión del funcionario que está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación respecto del seguro ambiental? ¿Qué pasó en este año y medio?
Recientemente, hubo una gacetilla de prensa con motivo de la salida del secretario que estuvo en funciones hasta fines de mayo, en la cual se señalaron algunos logros de su función. La verdad es que quien redactó esta gacetilla tenía una enorme confusión porque los logros tienen que ver con la gestoría que realizaron en favor de las objeciones que los sectores obligados hicieron al sistema. Pero nada dicen respecto de lo que debiera ser el objetivo fundamental de un funcionario puesto a controlar el ambiente. Las pólizas no crecieron, con lo cual la comunidad tiene menos garantías. Al inicio de la gestión había un número y hoy hay un 40% menos. Esto indica que fueron débiles en la exigibilidad y, lo que es peor, no se ejecutaron pólizas.
Actualmente, ¿qué coberturas que no sean el SAO amparan el riesgo ambiental?
Para cubrir el objetivo de la Ley General del Ambiente, solamente la caución. Pero de modo facultativo, aquel que realmente quiera cubrir su interés asegurable cuenta con una póliza de responsabilidad ambiental (que está vigente en el mercado con un alcance muy interesante). Hay pólizas que tienen que ver con la responsabilidad de los directores o gerentes y después hay otra, que es de reparación, que reintegra parte del monto que una empresa debe abonar por la reparación de carácter patrimonial. No es la caución, es decir que no es de interés colectivo.
¿Tiene alguna novedad para comentar de la cámara que preside?
En la cámara seguimos trabajando fuertemente en aspectos de asesoramiento. Una noticia que les doy es que para fines de junio vamos a firmar un acuerdo con la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de la Argentina (FAPASA), de modo de brindarle toda nuestra colaboración en materia de asesoramiento, difusión y clarificación. También estamos por firmar un convenio de colaboración con el Municipio de Pilar y ratificamos el acuerdo con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy activos en la cámara en todo lo que tenga que ver con difusión.
