No corresponde desde esta columna hacer un análisis político del resultado electoral. Por otra parte, su autor no tendría autoridad para hacerlo.
Pero sí cabe, y es muy necesario, hacer un análisis económico. Lo que se advierte por los porcentajes es que el gobierno quedó reducido a los votos de su base dura, los que en cualquier contexto iban a apoyarlo. El resto lo rechazó. Ello implica claramente que la situación por la que pasa la gente es muy mala. Que no es cierto, como señalaban desde el oficialismo, que la pobreza simplemente retrocedió al nivel de 2015. Por otra parte, las estadísticas disponibles permiten apreciar que la pobreza aumentó significativamente en estos años. También es burdo el argumento de que la gente vio compensado el desempleo y la caída del salario y las jubilaciones con cloacas y pavimentación de calles. Además, se trata de un argumento falso. Basta ver el indicador que elabora el INDEC sobre la actividad de la construcción para comprobar que en estos cuatro años se redujo el ritmo de obra pública, que se consumió menos cemento, menos asfalto, menos ladrillos, etc. También se sabe que están mal o peor una importante proporción de quienes lo votaron, y que lo hicieron por razones ideológicas o por fe. Todo ello pese a la abrumadora publicidad con la que se pretendía convencer a los votantes. La gente sabe que todos los indicadores económicos están peor. De un estancamiento en los últimos cuatro años del gobierno anterior, se pasó a una dura recesión.
Los errores de diagnóstico del gobierno son causa generalizada de burla. No sólo por las promesas electorales que de ninguna manera anticipaban la necesidad de un ajuste, sino porque permanentemente se anunciaba que la inflación comenzaba a bajar, que se abría una etapa de crecimiento que duraría 20 años y que lo peor ya pasó, cuando todo empeoraba. Es natural que estos fracasos predictivos generaran descrédito. Es que sólo hay dos explicaciones posibles: o que el gobierno no entiende nada de lo que pasa en la economía argentina e internacional, o que miente descaradamente.
No cabe duda que muchos votaron por “el mal menor” y en ese sentido puede decirse algo de la corrupción. En la historia argentina, desde el crédito de Rivadavia con Baring Brothers -por lo menos-, la corrupción fue un problema grave y estructural porque afecta severamente la calidad del gasto público. La corrupción alcanzó niveles mayúsculos durante la “generación del 80”, la década del ‘30 y en el gobierno peronista, para hablar de algunos momentos que la historia analizó muy bien. Hay pocas dudas de que fue muy alta durante el gobierno anterior. Pero la gente también sabe que, detrás del masivo endeudamiento que financió una masiva salida de capitales del país, no hay trigo limpio. No por casualidad el propio Fondo Monetario Internacional obligó a echar, en plena negociación, a dos presidentes del Banco Central y destacar en la Carta de Intención del crédito otorgado que hubo poca trasparencia en el manejo del mercado cambiario en el curso de la crisis.
Todos sabían que las tarifas estaban excesivamente subsidiadas, pero también sospechan que hoy los subsidios a la banca para que inmovilice el dinero son aún mayores y más pesados para la sociedad. Por otra parte, la dolarización de las tarifas de los servicios públicos que se estableció por contrato crea una fuerte distorsión de precios relativos y afecta severamente la capacidad de llevar adelante una política antiinflacionaria.
Ya es sabido que el gasto público no se redujo por los menores subsidios a las empresas de servicios porque se lo reemplazó con el mayor pago de intereses de la deuda del Tesoro y el Banco Central. La presión impositiva está lejos de ser reducida. Se bajaron las retenciones al campo, pero se generalizaron a la industria. Aumentaron por encima de la inflación los impuestos municipales como ABL y Patente. Pero, además, los gigantescos aumentos tarifarios incluyen un aumento proporcional de los elevados gravámenes que los acompañan. La presión del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores se extendió en lugar de reducirlo como se prometía. El déficit del sector público no se redujo y el gobierno plantea la necesidad de nuevos ajustes para controlarlo.
También debe tenerse en cuenta que no prendió en la población el pensamiento económico fundamentalista, a pesar de la prensa que obtuvieron sus propulsores e incluso de las payasadas con la que impulsaron su difusión.
No cabe duda que el gobierno anterior dejó plantada una peligrosa bomba en la economía. El gobierno actual la potenció y dejó, sin miramientos, que explotara en medio de la población. Pero lo más grave es que el gobierno anterior dejó plantada una bomba de dinamita y, el actual gobierno, una bomba atómica.
