A mayo último, los juicios laborales crecieron un 24,3%

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A continuación, publicamos un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) con un panorama general del sistema de riesgos del trabajo:

Buenas noticias en materia de prevención y servicios

El sistema de riesgos del trabajo hoy cubre a 9,7 millones de trabajadores y a 1,6 millón de empleadores afiliados.

En los 21 años de vigencia, el trabajo coordinado de todos los actores (empleadores, trabajadores, sindicatos, ART y el Estado) consiguió que los accidentes bajen un 35% y los fallecimientos en el lugar de trabajo se redujeran en un 70%. Esta baja se traduce en casi 10 mil vidas salvadas.

En ese mismo período, el sistema tuvo varias reformas normativas a fin de levantar los cuestionamientos que se hacían en la Justicia. Sin embargo, a pesar de la baja de siniestros, de las mejoras prestacionales, de la incorporación de más y mejores servicios, los litigios no dejan de crecer desde el año 2004. En 2015 se iniciaron 106 mil demandas (juicios) y en 2016 fueron otras 127 mil, un 20% más que el año anterior.

La paradoja: los accidentes bajan y los beneficios aumentan, pero los juicios no paran de crecer. El nivel de beneficios del sistema de riesgos del trabajo no se merece esta cantidad de judicialidad.

La mala noticia: el embate de la litigiosidad

Ciudad de Buenos Aires concentra el 48% del total de demandas notificadas a las ART en todo el país.

En lo que va de 2017, hasta mayo, se notificaron:

– En Ciudad de Buenos Aires: 26.347 juicios (un 31% más que el mismo período del año anterior). Es un valor elevado y con una tasa de crecimiento por encima de la media nacional, aunque pareciera haber alguna desaceleración en la tasa de crecimiento entre marzo/17 y mayo/17. Estos valores incluyen casos pre y pos ley.

– En total país: 55.321 juicios. Un 24,3% más que el año anterior.

Año Nuevos juicios ingresados cada año Acumulado de ingresos
2003 3.012
2004 3.790 6.802
2005 6.805 13.607
2006 11.697 25.304
2007 17.232 42.536
2008 27.170 69.706
2009 41.538 111.244
2010 54.335 165.579
2011 57.646 223.225
2012 64.093 287.318
2013 78.518 365.836
2014 88.567 454.403
2015 106.021 560.424
2016 127.503 687.927

La salida del problema

Para acotar la andanada judicial y dar certidumbre al funcionamiento del sistema, preservando sus logros en materia de prevención y de prestaciones, por iniciativa del gobierno nacional, con acompañamiento de las demás fuerzas políticas y con amplio apoyo del sector empresario y sindical, se sanciona la Ley 27.348 que entró en vigencia el 5 de marzo de 2017.

La misma incorpora la necesidad de pasar por una Comisión Médica con patrocinio letrado gratuito (instancia administrativa previa) antes de acceder a la Justicia.

Asimismo, desacopla los honorarios periciales del producido de la sentencia. Prevé la utilización del Baremo o Tabla de Evaluación de Incapacidades como elemento objetivo para cuantificar el daño, a la vez que aumentó considerablemente las prestaciones dinerarias.

Con dicha reforma se busca que la vía administrativa y la vía judicial tomen los mismos parámetros a fin de evaluar un daño. La unificación de criterios es clave a los efectos de bajar la conflictividad o litigiosidad.

El impacto de la reforma

En Ciudad de Buenos Aires, única jurisdicción en que hay aplicación plena, las ART son notificadas de las demandas entre 2, 3 y hasta 4 meses después de que ingresan. Esto implica que los juicios que ahora se les están notificando, incluyen todavía demandas ingresadas a la justicia antes de la vigencia de la ley.

Por ende, si bien se dispone de las notificaciones, no son suficientes todavía para sacar conclusiones sobre el impacto de la reforma.

¿Cómo sigue?

Ahora es necesario que cada una de las provincias adhiera a la Ley Nacional. En Ciudad de Buenos Aires, por no tener justicia laboral propia aún, las modificaciones tienen absoluta vigencia. Córdoba ya adhirió, provincia de Buenos Aires tiene media sanción y Mendoza está avanzando.

Sería imprescindible que la Justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos las previsiones de la Ley que tienden a abordar las causas de fondo: la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad y regulación del quehacer pericial.