La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) realizó un estudio cualitativo sobre usos y costumbres habituales en los dictámenes periciales judiciales para determinar las secuelas derivadas de un accidente de trabajo. El fin fue objetivar las características de los desvíos observados. El análisis cuantitativo, ya compartido en marzo, marcaba un incremento de 9 mil millones de dólares adicionales a abonar si estos modos periciales distorsivos respecto del baremo (parámetro oficial de medición de incapacidades incluido en la ley) se aplicaran al stock de 340 mil juicios en trámite.
De acuerdo con las aseguradoras, “ambos análisis mostraron claramente lo imperioso y urgente que es la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses o Cuerpos Médicos Periciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas las provincias que ya adhirieron a la ley, ya con más de un año de demora. De hecho, se trata del mecanismo previsto en la misma ley a fin de ajustar, en este eslabón de la cadena, la medición de las incapacidades al baremo”.
El análisis cualitativo llevado a cabo desde la UART, con el aporte de datos provistos por las ART, focaliza en casos que presentan como característica general ausencia de incapacidad permanente o presencia de incapacidad permanente leve. Sin embargo, todos finalizan adjudicando mayores grados de incapacidad física, psicológica y/o hasta psiquiátrica, aumentando considerablemente los costos indemnizatorios judiciales. A fin de ejemplificar, dentro de ese grupo se seleccionaron algunos diagnósticos sobre esguinces, ‘algias’, fracturas, cortes/dermatitis y traumatismos. De los 81 casos analizados, el 27% corresponde a esguinces, el 30% a ‘algias’, el 10% a fracturas, el 14% a cortes o dermatitis y el 19% a traumatismos. Un gráfico que elaboró la cámara ilustra las incapacidades promedio que se otorgan en sede judicial (pericia médica, pericia psicológica y otra) y la que se otorga conforme el baremo o Tabla de Evaluación de Incapacidades de la Ley de Riesgos del Trabajo.
“Esto significa que para este grupo de casos, en los esguinces, la pericia judicial multiplicó 5,7 veces la del baremo; en las ‘algias’, 37,3; en las fracturas, 4,7; en los cortes/dermatitis, 15,1; en los traumatismos, 4,7 veces y en el total de estos casos considerados, 7,8 veces”, denunció la UART. En el informe difundido en marzo de este año, las aseguradoras advirtieron sobre el perjuicio y riesgo que produce en el funcionamiento y sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo y la demora de la Justicia en poner en marcha el sistema de Cuerpo Médico Forense/Cuerpo Médico Pericial. Considerando 83.500 juicios abiertos con Pericia Médica Oficial Judicial, se observó un incremento de 17,5 puntos porcentuales de incapacidad adicionales a los que corresponde, conforme la aplicación adecuada del Baremo de Ley. A un valor promedio de 22.750 pesos por punto de incapacidad, más un 35% de honorarios y costas, en caso de replicarse dichos hallazgos a todo el stock de juicios pendientes (340 mil a junio de 2017), implicaría llevar a 10.600 millones de dólares un stock tarifado en 1.600 millones.
Para la UART, el estudio es “una muestra más de la importancia y de la urgencia en conformar los Cuerpos Médicos Forenses o Cuerpos Médicos Periciales previstos en el artículo 2 de la ley 27.348, ya sea como instancia de pericia oficial en sede judicial o de contralor de las pericias realizadas previo a su conformación”.
