Furlan: “Es realmente débil la exigibilidad del Seguro Ambiental Obligatorio”

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Todo Riesgo dialogó con Jorge Furlan, presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA).

¿Qué evolución está mostrando el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO)?

Primero quiero recordar que el SAO se instrumentó con motivo de la obligación que impone el artículo 22 de la ley 25.675, que reglamenta la manda constitucional de que debe repararse ante un daño ambiental de incidencia colectiva. Este seguro, entonces, procuró dar certidumbre a esta obligación de reparación. La exigibilidad, en rigor de verdad, fue muy débil. Por distintos motivos: en una primera etapa porque había que entender de qué se trataba el seguro. Después porque había que implementarlo normativamente y lleva un tiempo de realización. Se cree que el seguro es sólo un papel, pero exige administración porque es un contrato sobre el cual alguien va a exigir el cumplimiento de una obligación. En algunas jurisdicciones no existe el presupuesto para montar una estructura administrativa y en otras no existe la gente con la capacidad necesaria para llevarla a cabo. También quiero resaltar que hubo aspectos muy permisivos y realmente indiferentes con respecto a la obligación de pedir este seguro. Es realmente débil la exigibilidad.

Actualmente, ¿qué coberturas, que no sean el SAO, amparan el riesgo ambiental?

Que cumplan con la obligación de la ley y que sirvan para esto, solamente el SAO. Pero en forma complementaria, y con carácter facultativo, existe una póliza que la llamamos de recomposición ambiental: es una póliza de patrimoniales, resarcitoria y que atiende parte del costo de un sujeto obligado a reparar un daño. Es un seguro realmente muy interesante. El otro es el que tiene que ver con la responsabilidad civil ambiental. Este protege el interés de una empresa, que es reprochada por algún aspecto de su labor y si es sancionada con una penalidad económica, el seguro la deja indemne de este castigo. Hay otro seguro muy importante que hace a la responsabilidad de los directores y gerentes de las empresas y que tiende a defender el patrimonio de quienes están en una labor de ejecución o de dirección vinculada con el tema ambiental. La ley 25.675 hace que la responsabilidad sea objetiva. De este modo, incorpora a gerentes o directores que tengan responsabilidad en el cumplimiento de normativas ambientales y que, ante el supuesto de no hacerlo, pueden ser reprochados objetivamente.

¿Qué relevancia le asignás a la creación del tribunal ambiental en la provincia de Jujuy?

La importancia es superlativa por diferentes motivos. Primero porque instaura un tribunal ambiental, que es el primero del país. Se puso en ejecución con la designación de la jueza María Laura Flores. Esto tiene que ver con toda una revisión del marco judicial que se viene realizando en la provincia de Jujuy desde diciembre de 2015. Este tribunal va a contar con asesores y colaboradores de distintas disciplinas, lo cual va a permitir que tenga una capacidad adecuada de acción profesional y de asesoramiento para llevar a cabo la tarea judicial. Entre otros aspectos –y me parece muy relevante–, va a hacer un seguimiento de los delitos ambientales y de las obligaciones de reparación. Como, para muchos, esta labor puede parecer administrativa, el hecho de que la Justicia la tome va a significar realmente un paso muy importante para que la comunidad de Jujuy realmente se vea defendida por el Gobierno en este aspecto. Así que la trascendencia, en mi criterio, es muy grande.

¿Está prevista la creación de tribunales ambientales en otras jurisdicciones del país?

No conozco que esté previsto, aunque sí vale la pena destacar un hecho: la Corte, por la acordada 1 del año 2014, creó una oficina de justicia ambiental, cuyo propósito es coordinar criterios junto con las diferentes jurisdicciones e impulsar decisiones que fueran, en alguna medida, de correspondencia entre las citadas jurisdicciones. Me parece que esto también fue un hecho relevante, que a lo mejor hoy nos olvidamos. En su momento fue un antecedente importante porque implicó también un cambio de la Justicia en la consideración de los temas ambientales.

¿Qué novedades tenés para comentarnos respecto de la cámara que representás?

Estamos trabajando en distintos aspectos. Pero el que más quiero resaltar es aquel que está vinculado con la colaboración técnica que brindamos a diferentes organismos. Me refiero a la Secretaría de Ambiente, con la que firmamos un acuerdo de complementariedad y apoyo, a la Organización Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en la provincia de Buenos Aires (que es el organismo de control provincial de la actividad ambiental) y a la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (FAPASA) para dar algún tipo de apoyo a los productores asesores de seguros.