Como es de público conocimiento, el artículo 126 del presupuesto nacional para 2019 establece una contribución extraordinaria para cooperativas y mutuales de seguros y crédito. Esta es considerada en el sector abiertamente confiscatoria ya que genera una doble y hasta triple tributación.
De hecho, establece un impuesto de hasta el 6% sobre el patrimonio de estas entidades. Pero como también se grava a sociedades controladas por las cooperativas y mutuales (que son sociedades anónimas porque así lo requiere el marco legal), que pagan actualmente el Impuesto a las Ganancias y que ahora también deberían abonar un 6% de su patrimonio por el solo hecho de ser controladas por una cooperativa o mutual, la alícuota efectiva fácilmente supera el 10%. Como los excedentes que las cooperativas reparten a los socios están gravadas por Ganancias al 35%, existiría una triple tributación, según los especialistas tributarios más reconocidos, e implicaría que paguen varias veces más que las sociedades anónimas.
Esta situación afectaría gravemente al 35% de todo el mercado asegurador y a gran parte del sector de crédito. Esto tendrá un impacto directo en la inversión social y en puestos de trabajo, fundamentalmente en el interior del país, que es donde estas entidades tienen su mayor fortaleza.
Por este motivo, en las últimas semanas desde el sector de la economía social se mantuvieron reuniones con senadores, quienes repararon en el error que implicaba el mencionado artículo 126 y definieron una ley correctiva para evitar que el presupuesto tenga que regresar a la Cámara de Diputados. Este proyecto contempla una reducción de la alícuota al 3% y evita la doble imposición. La modificación fue aprobada en el Senado por 59 votos a favor y sólo uno en contra.
Además del amplio consenso del Senado, esta medida correctiva ya tenía acuerdo del Poder Ejecutivo, que reconoció que la forma en que estaba planteado el tributo era un desacierto. Sin embargo, se toparon con una posición irreductible del ministro Nicolás Dujovne.
En este contexto, lo acontecido en los últimos días representa una grave señal porque, una vez conseguida la aprobación de la Ley de Presupuesto, desde el Ministerio de Hacienda, que lidera Dujovne, se inició una avanzada para evitar que esta ley correctiva se tratara en Diputados, aduciendo que el Senado no puede ser la Cámara de origen para una ley.
Este desconocimiento de un acuerdo político suscripto por los propios senadores del PRO se encuentra con ejemplos similares en los que el Senado tomó la iniciativa en leyes de carácter impositivo cuando se trata de reducir o corregir un gravamen. Un caso reciente es la creación del monotributo especial para pequeños productores cañeros impulsado por los senadores Beatriz Mirkin y José Alperovich, que tuvo una metodología similar a la que hoy se pretende desconocer. Además, en el presente caso no se trata de una nueva ley, sino de una corrección a un artículo del presupuesto. El sector cooperativo y mutual mira con desconcierto el futuro de esta puja de poderes.
