La Ley sobre Riesgos del Trabajo logró, durante sus ya 21 años de vigencia, una sensible reducción en la siniestralidad laboral. Una forma objetiva y contundente de cuantificar este avance es que, según estadísticas oficiales, en las últimas dos décadas se evitaron más de 700 muertes por año debido a accidentes laborales. Para preservarlo, frente al embate de la litigiosidad creciente que lo expone a un importante riesgo estructural, se reformó nuevamente la Ley, a fin de fortalecer sus procedimientos y resolver administrativamente diferendos que iban directo a la vía judicial generando costos enormes y pérdidas de tiempo para los verdaderos o supuestos derechos de los damnificados.
Con impunidad, los detractores del siste¬ma de riesgos del trabajo usan el tema importante y sensible, como los derechos del trabajador, para ganar honorarios de manera espuria.
Mutan los argumentos, pero no cambia la lógica. Hasta hace unas semanas, el centro de los cuestionamientos era que el fin de lucro de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) era incompatible con la función de administrar un servicio de alta trascendencia social. ¿Pero cuántas son las actividades que con el mismo argumento podrían ser objetadas? ¿Por qué no aplicarlo para censurar que los supermercados provean alimentos, que las farmacias vendan medicamentos, que las clínicas brinden atención médica, que los estudios jurídicos ofrezcan asistencia legal cobrando honorarios, que se cobre peaje por transitar por las rutas? Todos ellos nos suministran bienes y servicios esenciales, y de alta trascendencia social, y ninguno lo hace por motivos altruistas.
Pero no se pudo evitar que la escalada de litigiosidad espuria genere cargas cada vez menos tolerables para las empresas (en especial las más pequeñas) ni que muchos trabajadores soporten largas esperas hasta que la Justicia reconozca sus derechos cuando sufren un siniestro laboral.
Resulta cínico ignorar el daño que genera imponer más de 5 años de demora para acceder a la justa compensación a través de un juicio.
La buena noticia es que una abrumadora mayoría de legisladores provinciales no cedió a la presión corporativa y sancionó la “adhesión a la cordobesa” a la Ley de Riesgos del Trabajo recientemente sancionada por el Congreso Nacional. Fue un arduo debate que llevó, con creatividad y seriedad, a un esquema mixto de gestión provincial y nacional de las comisiones médicas, que procura darle objetividad y agilidad al proceso de evaluación de las secuelas derivadas de un accidente o de una enfermedad profesional. Sería importante que el resto de las provincias hiciera lo propio y así la nueva legislación tuviera plena vigencia y la economía comenzara a sentir sus resultados.
La meta subyacente es lograr una respuesta justa y rápida para los trabajadores y evitar que la litigiosidad espuria debilite la generación de nuevos empleos. Para que esta idea se concrete, queda pendiente el desafío de instrumentar los nuevos procedimientos y no bajar los brazos frente a la presión que seguirán haciendo quienes, con mucha hipocresía y poco sustento técnico, asumen al trabajador como una oportunidad para ganar honorarios.
Nota escrita por Alejandra Torres, presidenta de la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
